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La Gobernación de Cundinamarca se permite informar a la ciudadanía

La Gobernación de Cundinamarca se permite informar a la ciudadanía que con respecto a la diligencia de restitución del inmueble de propiedad privada conocido como Ciudad Jardín ubicado en el municipio de Zipaquirá, se han adelantado las siguientes acciones:

  • Dentro de un evento organizado en la ciudad de Zipaquirá, el día 12 de Febrero en el coliseo Arena de Sal, parte de la población asentada en Ciudad Jardín, abordó al gobernador Nicolás García Bustos con el fin de darle a conocer una diligencia de desalojo que se realizaría en virtud de una orden judicial.
  • La población fue escuchada por el Gobernador, el alcalde de Zipaquirá Wilson Leonardo García y el diputado Fabián Rojas; como resultado de este encuentro el Gobernador se comprometió a poner a disposición su equipo de trabajo y toda la gestión necesaria para que dentro de lo que le permitía la ley y la norma, se ayudara a resolver el problema en el sector de Ciudad Jardín; incluyendo recursos para la aplicación de la Ley 2044 de 2020, si esto fuera posible legal y técnicamente.
  • Como consecuencia de lo anterior, a mediados del mes de febrero de 2022 se llevó a cabo una reunión presencial en la Gobernación de Cundinamarca entre funcionarios de la Secretaría Jurídica Departamental, la Gerencia de Buen Gobierno y el municipio de Zipaquirá; en ella se expuso, por parte de la Administración Municipal, la problemática que se presentaba por parte de la comunidad del barrio Ciudad Jardín en donde se había programado un desalojo por parte del Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá y el Tribunal Superior de Cundinamarca.
  • Ante la complejidad del caso, se determinó solicitar la asesoría de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad que designó una profesional especializada en el tema para analizar los posibles escenarios en los que se podía ayudar a la comunidad. No obstante, la referida Agencia, a través de comunicación dirigida al Departamento y al Municipio, manifestó que no podía emitir pronunciamiento debido a que era de competencia del Ministerio de Vivienda, entidad que ya había intervenido en el asunto.
  • De manera posterior se sostuvo reunión con el Personero de Zipaquirá, con el fin de evaluar posibles alternativas. En este encuentro se concluyó que la diligencia ya había sido ordenada, tanto por el Juzgado Civil del Circuito como por el Tribunal Superior de Cundinamarca, y que los residentes habían agotado las oposiciones a las que tenían derecho, así como diversas acciones de tutela y demandas de pertenencia, que habían sido despachadas desfavorablemente; además de anotar que la diligencia de entrega había sido aplazada en múltiples ocasiones por diversas circunstancias.
  • Bajo la premisa de que el Gobierno Departamental no ha tenido injerencia ni es parte dentro del proceso que generó el desalojo, la Gobernación de Cundinamarca junto con la Alcaldía de Zipaquirá, solicitó al Juzgado de conocimiento suspender la diligencia programada para el próximo 30 de marzo, ante lo cual la respuesta fue negativa por ser sujetos ajenos al proceso adelantado entre particulares, y que no hay justificación a más aplazamientos de diligencias conocidas con la debida antelación, concluyendo que no es posible que el Departamento de Cundinamarca intervenga en la actuación judicial, en virtud de la división de poderes y del respeto a las órdenes judiciales impartidas por los jueces de la República.
  • Respecto a la eventual aporte de recursos por parte del Gobernador en caso de poder aplicarse lo establecido en la Ley 2044 de 2020, la Alcaldía de Zipaquirá consideró que no se cumplían los requisitos necesarios para aplicarla, por lo cual se imposibilita la utilización de recursos con este fin por parte del Gobierno Departamental. 
  • Teniendo en cuenta la difícil situación que enfrentan las familias que tenían su vivienda en el sector de Ciudad Jardín, la Gobernación de Cundinamarca está apoyando al municipio de Zipaquirá a llevar a cabo acciones enfocadas en brindar una solución de vivienda que garantice el restablecimiento de los derechos de estos ciudadanos en el marco de la legalidad y la institucionalidad.
  • Finalmente el Gobernador, manifestando su respeto frente a la independencia de poderes, pidió al juez la suspensión de la diligencia y a los propietarios del predio el espacio para llevar a cabo una negociación en la que se pueda llegar a un acuerdo favorable que no vulnere los derechos de ningún ciudadano.
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